Se abren grietas en el férreo control político de Viktor Orbán. Más de quince mil personas se manifestaron en las calles de Budapest a lo largo del fin de semana. El motivo de las protestas: una ley que extiende el volumen máximo de las horas extras anuales de las 250 a las 400. La nueva legislación, bautizada como "la ley de la esclavitud" por la oposición y los sindicatos, ha despertado un recelo inédito hacia el gobierno húngaro.
Qué dice la ley. Que las empresas podrán solicitar hasta un máximo de 400 horas extras extras anuales (remuneradas, por descontado) a sus trabajadores. En la práctica, se dobla la carga laboral que puede soportar cada empleado fuera de su jornada habitual. En promedio, cada trabajador con contrato de ocho horas podrá sumar hasta una hora extra más al día (alrededor de 50 días al año). Es un aumento muy sustancial.
La respuesta. La ley ha provocado la indignación de las organizaciones sindicales, dado que puentea los convenios colectivos y obliga a cada trabajador a negociar su estatus de forma individual. Consideran que muchos empleados, coaccionados por sus empresas, no tendrán más remedio que aceptar las cargas laborales extraordinarias. Además, las compañías podrán remunerar las horas en un plazo de tres años (y no en uno, como hasta ahora).
Es decir, un trabajador podría no cobrar sus horas extra hasta 36 meses más tarde de haberlas cumplido.
¿Por qué? La mano de obra escasea en Hungría. El país ha logrado reducir su desempleo a niveles meramente estructurales. Para la gran industria pesada (automovilística y alemana) es un problema: si quiere aumentar la producción no puede recurrir ni a la inmigración (gran caballo de batalla de Orbán) ni a la cola del paro, carente de trabajadores cualificados. Para el gobierno, la solución pasa por el aumento de horas extra.
La tendencia. La ley se ha aprobado por mayoría absoluta gracias al control parlamentario de Fidesz, el partido de Orbán. Los diputados de la oposición no han podido introducir enmiendas individuales a los diversos aspectos de la legislación. Es un paso más en el largo camino hacia el autoritarismo emprendido por el gobierno húngaro durante el último lustro. La novedad, en esta ocasión, ha sido la respuesta popular.
Tumultos. Alrededor del 83% de los húngaros se oponen a la ley. Es un raro consenso contra Orbán, acostumbrado a arrasar en las elecciones y a cooptar la judicatura y los medios de comunicación en connivencia con sus votantes. Miles de manifestantes acudieron a la sede de la televisión pública, la MTV, para protestar por la magra cobertura de sus reivindicaciones. Tras poner Budapest patas arriba, las noticias obviaron las protestas al día siguiente.
Muchos de ellos portan chalecos amarillos, en una suerte de reacción popular similar a la desarrollada en Francia durante el último mes. Parte de la oposición acusa a Orbán de plegarse a los intereses de la industria manufacturera alemana. Sus aliados defienden la necesidad de la ley, la voluntariedad de las horas extra y minusvaloran las manifestaciones, acusando a Soros (cómo no) de financiarlas en la sombra.
Imagen: EPP/Flickr
