Oh, sí, la vida ha continuado su curso en todas aquellas áreas políticas, sociales e informativas que no rotaban en torno a Cataluña. Y una de ellas, por motivos más que justificados, ha quedado injustamente ensombrecida: los compases finales del juicio por la trama Gürtel.
Un año y varios días después del inicio del procesamiento, la fiscal anticorrupción encargada de llevar la acusación del caso ha redoblado su ofensiva contra los 37 acusados, y lo ha hecho en términos duros que, a tenor de las pruebas presentadas, acreditan de forma "plena y abrumadora" que el actual partido en el gobierno se financiaba ilegalmente. Y que lo hacía a múltiples niveles y a través de su tesorero.
Hablamos, claro, de Luis Bárcenas, ser ya mitológico en el espacio político español y hombre clave para entender tantas cosas de la primera década de este siglo en la arena política española. Todas estas noticias y todas las duras palabras de la fiscal, que habrán de ser confirmadas o no por el juez de turno en la sentencia final, han pasado de puntillas por los periódicos y los informativos gracias a Cataluña, el auténtico monopolio informativo del inicio del otoño.
Lo que no significa que sus hallazgos no sean relevantes. Aquí va un breve resumen:
245.000: el montante de la financiación ilegal
Según la fiscal, Concepción Sabadell, una parte del dinero de la trama dedicado a amañar contratos y alterar la libre competición de concursos públicos fue destinada a engrosar la contabilidad B del PP. Sólo en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda se calcula que la trama de Francisco Correa aportó unos 245.000 euros a la financiación irregular del partido, a añadir a los documentos o testimonios que prueban delitos similares en el pasado o en Valencia.
Para Fiscalía, es está "plena y abrumadoramente" acreditado que los célebres papeles de Bárcenas corresponden en realidad a la caja B del partido, que habría incurrido así en un delito de financiación ilegal a gran escala. La acusación formal se mantiene.
El otro 3%: el de la Gürtel para el PP
Pasqual Maragall inmortalizó para siempre la mágica cifra del 3% cuandoa cusó a CiU, en pleno Parlament, de haber arreglado contratos públicos a cambio de dicha comisión. Pues bien, el PP, según Fiscalía, hizo lo propio durante años. En concreto, los cabecillas y los principales políticos imputados amañaron concursos públicos y anularon la virtual competencia pública a cambio de comisiones que podían oscilar entre el 3% y el 4%.
¿Qué significa esto? Que el PP aprovechaba posiciones de poder, desde gobiernos municipales y regionales, para ofrecer contratos amañados a determinadas empresas a cambio de sobornos. Esto facilitaba la extensión patrimonial de los políticos involucrados. Para la fiscal, este sistema era "duradero", cerebral y sistemático, en absoluto puntual.
Los 37 acusados, sin reducciones de penas (con excepciones)
La contundencia de los argumentos de la Fiscalía queda reflejada en la nula reducción de penas propuesta por la acusación. Los 37 acusados en el larguísimo juicio de la Gürtel, que se extiende ya a lo largo de un año, tendrán que afrontar la sentencia final del juez sin que sus argumentos en defensa hayan logrado rebajar las peticiones de la fiscal. Hay algunas excepciones, como la de Bárcenas, que baja a 39 años.
Para los demás, la tónica es la de Correa: mantendrán sus acusaciones originales. En su caso, 125 años.
La confesión de Correa sobre las comisiones
Pese a que Correa no va a ver su acusación rebajada, sí ha conseguido parte del favor de la Fiscalía gracias a su testimonio de más de doce horas en el que confesó la práctica de sobornos e intermediaciones ilícitas entre constructoras, el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente. Sus empresas actuaron como intermediarias a la hora de obtener contratos públicos para determinadas constructoras a cambio de los ya reconocidos 3% y 4%.
El dinero iba a parar a Bárcenas, gestor de la contabilidad B del PP en calidad de tesorero. Y repartidor de los famosos sobres de dinero negro a la cúpula del partido.
La exministra Ana Mato y sus 29.000 euros
Hay un caso particular en el juicio de la Gürtel, y es el de Ana Mato. La exministra de Sanidad, escogida por Mariano Rajoy tiempo después de que estallara el escándalo de la Gürtel y de que supiéramos que las fiestas de cumpleaños de sus hijos habían sido (supuestamente) financiadas con dinero ilegal, afronta una pequeña acusación como participante "a título lucrativo". Fiscalía le acusa de haberse beneficiado de 28.000 euros.
Su marido, a través del que es acusada, afronta 11 años de cárcel por una multitud de delitos. Mato dimitió como ministra de Sanidad en 2014 por estos hechos.
"Quienes no se beneficiaron fueron los españoles"
En su último alegato, la fiscal ha dejado algunas frases para el recuerdo. Ha afirmado que "hay sobrada prueba de que el PP se benefició de la actividad delictiva realizada" y que el dinero de las comisiones no sólo enriquecía los bolsillos de algunos políticos; y que "ha quedado acreditado que el PP se benefició de 133.000 euros de fondos procedentes de comisiones ilegales por contratos adjudicados" sólo en el ayuntamiento de Majadahonda.
Todo ello antes de envolver su discurso con unas palabras un tanto virales sobre el "beneficio" o no del partido en la trama: "Quienes no se beneficiaron fueron el Estado y los españoles ya que fue un beneficio para la formación política con unos actos identificados y otros servicios y gastos pagados al PP como los de unas obras en su sede".
Imagen | Víctor J. Blanco/AP
